El Informe, plasmado en libro, sobre el macroproyecto urbanístico de Los Merinos Norte fue explicado por las autoras y autor del libro, en la tarde del viernes pasado.
La investigación, llevada en su mayor parte por Alejandra Gómez-Céspedes y Araceli Aguilar Conde duró tres años. La iniciativa del IAIC (Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología) para llevar a cabo este proyecto, pretendía ser un estudio totalmente independiente por lo que tuvieron que revisar todos los documentos que pudieron uno a uno, para entender su rigurosidad científica y técnica.
El primer aspecto que destaca sobre este proyecto es el entramado empresarial, son numerosas las sociedades que a lo largo del tiempo han estado vinculadas a la macrourbanización.
No en vano, la investigación en el registro mercantil pudo relacionar hasta a 50 empresas diferentes con el proyecto Merinos Norte, aunque agrupadas de diferentes modos a lo largo de los tres cambios de titularidad (1990, 2003 y 2005) que ha experimentado el proyecto. Con respecto a los cambios de titularidad, los investigadores encontraron que algo muy extraño pasaba, con respecto al primer cambio de titularidad, el oscurantismo, las inexactitudes sobre las titularidad se sucedieron.
Alejandra Gómez-Céspedes explicó que posteriormete apareció una tercera corporación que fue la que finalmente se quedó con el proyecto y parece que con la aparición de esta, se acabó el conflicto entre las dos primeras. Nos explicó que algo había impedido que el primer cambio de titularidad fuera inscrito en el registro mercantil, debido supuestamente a problemas legales de algún tipo porque el notario no quiso dar por bueno. Los investigadores intentaron hablar con el notario para saber los motivos que lo llevaron a impedir la inscripción, pero no lo consiguieron, con lo cual, el misterio de las sociedades que hay detrás de los Merinos sigue siendo un misterio.
Por otro lado se encontraron con que, estas 50 sociedades constituían una maraña tal, que era muy dificil depurar responsabilidades para llegar hasta el máximo cargo del proyecto. Es notorio que algunas personas aparecen de modo reiterado una y otra vez aquí y allá, en unas y otras empresas o en unas y otras Juntas Directivas a lo largo de los últimos 15 años. Para colomo muchas de estas sociedades tenían sus sedes directamente en los despachos de abogados y no eran pocas las que hedían por lo extrañas que resultaban (como si de empresas fantasmas se tratara). Detectaron relación directa de cargos públicos con las sociedades y de directivos de las sociedades con cargos públicos.
El catedrático y coautor del libro, José Luís Díez Ripollés, dejó bien claro que lo que hay detrás de los merinos no una persona particular o varias personas tratando de llevar adelante el proyecto de su vida; sino unos grupos cuya influencia es tal que son capaces de superar cualquier obstáculo que se les plantee, aunque sea legal.
Con respecto al proyecto en si, aparecen diferentes irregularidades que de un modo muy curioso la administración va dejando pasar.
En primer lugar el PGOU bajo el cual comienza el proyecto Merinos, no había sido publicado, ni tiene visos de serlo, con lo que su vigencia era nula. Los Merinos aparecían como un espacio protegido en el catálogo de la provincia de Málaga. Además, se encontraba en el área próxima a la reserva de la biosfera del Parque Natural Sierra de las Nives, con lo que debía considerarse como zona de transición.
Durante un plazo de alegaciones del PGOU, que duró solamente un mes, lo mínimo legalmente, se presentaron cientos de alegaciones, en torno a 400, por parte de los detractores del proyecto y fueron desestimadas todas ellas. Lo cual a los investigadores pareció algo sospechoso.
El estudio de impacto ambiental es considerado insuficiente debido a las insuficientes medidas correctoras. Medio Ambiente dio un plazo de 10 meses para que se presentaran las medidas correctoras de manera satisfactoria, pero un año después la administración seguía reclamando su presentación. Luego llegó el estancamiento del proyecto y 10 años después se volvió a pedir el estudio de impacto, esta vez se presentó pero incompleto. Con todas esas deficiencias, aún así, fue aprobado.
En el plano social, las personas que en algún momento se opusieron de forma activa al proyecto fueron perseguidas. Fueron acusadas, sin fundamento, de cosas absurdas... cualquier cosa servía para molestar y hacer perder el tiempo y el dinero a los detractores. Así, creando incomodidad, el número de personas dispuestas a luchar por el fin del proyecto, a ojos de los empresarios se reduciría. Algunos funcionarios del propio ayuntamiento de Ronda, de diversas profesiones fueron acusados por parte de los promotores de los merinos de prevaricación, malversación y de toda serie de delitos construidos "ad hoc". A pesar de que la mayoría de las causas fueron desetimadas, aún hoy siguen procedimientos abiertos contra detractores, como ejemplo algún militante de Izquierda Unida. Técnicos del ayuntamiento en cumplimiento de sus obligaciones fueron perseguidos por plasmar en informes, desde su conocimiento y profesionalidad, cuestiones que eran contrarias a los intereses del proyecto. Como sucedió con el hecho de cortar un camino público, zona de servidumbre o por cuantificar en informes el valor de la compensación ambiental de la zona (más de 300.000 euros)
Todo ello fue ignorado por el actual alcalde, entoncés del PA y ahora del PSOE. La administración le perdonó la multa compensatoria y se les permitió que camino público continuase cerrado por un muro de piedra.
El problema, aún sin solución, es el agua. En un primer momento querían tomarla de los acuíferos, pero la confederación hidrográfica del sur no accedió de ninguna manera. Luego querían llevarla directamente desde Ronda mediante tuberías de 12 Kilómetros superando un desnivel considerable, de unos 100 metros, todo esto a cargo del Ayuntamiento de Ronda, con lo que supone de esfuerzo económico, impacto medioambiental, derroche de recursos, gasto excesivo de energía. La crisis económica, por ahora, ha conseguido aparcar un problema vital, que no está resuelto. Garantizar el suministro de agua al macroproyecto.
Al final de la Conferencia, se abrió un turno de preguntas en el cual, los conferenciantes dejaron bien claro que no iban a opinar a cerca de la legalidad o ilegalidad del caso merinos.
-No somos unos primos- dijo textualmente el catedrático- "Podéis encontrar toda la investigación detallada en el libro; que cada cual la lea y saque sus propias conclusiones. Nosotros no podemos decir nada." Sentenció José Luís Díez.
